El modelo de Marinaleda: ¿La solución a la crisis de vivienda en España?

 

¿Podría el modelo de Marinaleda transformar España? Una simulación detallada

La pequeña localidad de Marinaleda, en la provincia de Sevilla, se ha convertido en un emblema de gestión comunitaria y democracia participativa. Su modelo de autoconstrucción de viviendas, inspirado en principios de justicia social y solidaridad, ha ofrecido soluciones de vivienda a sus habitantes por un costo simbólico de aproximadamente 15 euros mensuales. ¿Qué pas pas\u00aría si este sistema se extendiera a toda España? En este artículo, simulamos los impactos potenciales de implementar el modelo de Marinaleda a nivel nacional, teniendo en cuenta datos económicos, demográficos y administrativos.

El modelo Marinaleda en cifras

Marinaleda, con una población de 2.665 habitantes (INE, 2017), ha logrado construir viviendas a bajo costo mediante un sistema en el que el Ayuntamiento cede terrenos gratuitamente, los beneficiarios aportan mano de obra y la Junta de Andalucía financia materiales y servicios técnicos. El costo de urbanizar los terrenos se cubre a través de planes de empleo rurales.

Claves del éxito local:

• Participación comunitaria: Este componente es fundamental en el modelo de Marinaleda. Cada beneficiario del programa aporta su mano de obra durante 450 días, trabajando en tareas como albañilería, pintura o jardinería. Este compromiso personal no solo reduce significativamente los costos de construcción, sino que también fortalece el tejido social al fomentar la colaboración entre los vecinos.
• Líderes fuertes y democráticos: El liderazgo del alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha sido esencial para implementar y defender este modelo frente a las adversidades políticas y económicas. Sin embargo, el éxito también radica en la organización asamblearia del pueblo, donde las decisiones se toman colectivamente, garantizando la transparencia y la inclusión.
• Adaptación local: Las viviendas construidas responden a las necesidades específicas de la comunidad. Por ejemplo, muchas incluyen patios amplios para actividades agrícolas o garajes adaptados para maquinaria rural. Esto asegura que las viviendas no solo sean asequibles, sino también funcionales y sostenibles.

Proyección nacional

España cuenta con más de 47 millones de habitantes y una población activa de 23 millones. Con una tasa de paro del 12,9% en 2024 (INE), muchas personas podrían beneficiarse de un modelo que combina empleo temporal y acceso a la vivienda.

Infraestructura y financiación

1. Terrenos: Una implementación nacional requeriría que los Ayuntamientos de todo el país identificaran y adquirieran terrenos rústicos a bajo costo, replicando la estrategia de Marinaleda. Este proceso podría enfrentarse a la especulación inmobiliaria en zonas urbanas, por lo que sería esencial una legislación que priorice el uso social del suelo.

2. Mano de obra: El modelo implica que los beneficiarios participen activamente en la construcción de sus propias viviendas. Para garantizar la eficacia de este enfoque, sería necesario un programa nacional de formación en habilidades básicas de construcción. Esto no solo empoderaría a los participantes, sino que también contribuiría a la profesionalización de sectores vulnerables.

3. Costo promedio: Según los datos de Marinaleda, construir una vivienda tiene un costo estimado de 25.000 euros, incluyendo materiales y servicios técnicos. En un escenario donde se construyan 200.000 viviendas al año, la inversión anual ascendería a 5.000 millones de euros, menos del 0,5% del PIB nacional. Aunque significativo, este gasto podría equilibrarse reduciendo subsidios a programas de vivienda menos eficientes.

Beneficios sociales y económicos

• Reducción de la desigualdad: Al proporcionar acceso a viviendas asequibles, se aliviaría la carga económica de miles de familias, particularmente en zonas urbanas donde los costos de alquiler son elevados.
• Generación de empleo: Al movilizar a miles de personas en actividades de construcción y formación, se generaría un efecto multiplicador en la economía local, desde la compra de materiales hasta el aumento de la demanda en sectores secundarios.
• Cohesión social: La colaboración entre vecinos durante el proceso de construcción fomenta relaciones de apoyo mutuo, fortaleciendo la identidad comunitaria y promoviendo la participación ciudadana.

Estadísticas simuladas

Impacto demográfico

• En un periodo de 10 años, unas 2 millones de personas podrían beneficiarse directamente del acceso a viviendas asequibles, lo que representa aproximadamente el 4% de la población total de España. Esto aliviaría considerablemente la presión sobre los programas de asistencia social.
• En las principales áreas metropolitanas, donde el acceso a vivienda es más crítico, este modelo podría reducir los costos de alquiler en un 30% al incrementar la oferta de viviendas.

Impacto económico

• Con la creación de 900.000 empleos temporales al año, se podría reducir la tasa de paro en un 2%, particularmente en regiones con altos índices de desempleo juvenil.
• Al disminuir la dependencia de subsidios de vivienda y programas asistenciales, el Estado podría ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales, compensando en parte la inversión inicial.

Factores de viabilidad

1. Desafíos:

   • La coordinación entre administraciones locales, autonómicas y estatales será clave para garantizar la coherencia en la implementación del modelo. Esto requeriría la creación de un organismo central que supervise y apoye a los municipios en la ejecución del programa.
   • Combatir la especulación inmobiliaria será esencial. Esto podría implicar la introducción de leyes más estrictas sobre el uso del suelo y la regulación de precios.
   • Asegurar la formación adecuada de los beneficiarios es un reto logístico. Un sistema nacional de capacitación podría abordar esta necesidad, pero implicará una inversión inicial significativa.

2. Oportunidades:

   • España cuenta con una vasta cantidad de terrenos públicos en desuso, particularmente en áreas rurales y periurbanas. Aprovechar estos recursos sería clave para reducir los costos iniciales del programa.
   • Las experiencias existentes de cooperativas de vivienda y proyectos autogestionados podrían servir como base para escalar este modelo, aprovechando su conocimiento y redes.
   • Los fondos europeos destinados a proyectos de vivienda social y sostenible podrían complementar la financiación necesaria para implementar el modelo a gran escala.
     
     

Conclusión

La extrapolación del modelo de Marinaleda a toda España es técnicamente viable, pero requiere de ajustes significativos para adaptarse a las condiciones locales de cada región. Su implementación podría marcar un antes y un después en el acceso a la vivienda, fortaleciendo el tejido social y dinamizando economías locales. Sin embargo, la sostenibilidad dependerá de una voluntad política firme y de la capacidad para superar los retos de financiación y gestión.

Implementar un modelo como el de Marinaleda a nivel nacional podría enfrentar resistencia por parte de diversos agentes externos, quienes intentarían bloquear o limitar su viabilidad debido a intereses económicos, políticos o sociales. Algunos de estos agentes serían:

1. Empresas inmobiliarias y promotores privados:

   • Motivación: Este sector podría ver amenazados sus ingresos, ya que un modelo de vivienda accesible reduciría la dependencia de las familias del mercado privado de alquiler o compra.
   • Acciones posibles: Presionar a los legisladores para mantener las leyes actuales que favorecen la especulación del suelo o presentar recursos legales contra las expropiaciones y las iniciativas de vivienda comunitaria.

2. Instituciones financieras y bancos:

   • Motivación: La reducción en hipotecas y préstamos para la vivienda afectaría uno de sus principales nichos de negocio.
   • Acciones posibles: Negar créditos o limitar el acceso a financiamiento para las instituciones públicas encargadas de gestionar el modelo.

3. Grupos políticos conservadores:

   • Motivación: Algunos partidos podrían oponerse ideológicamente al modelo por considerarlo un exceso de intervención estatal o un ataque a la propiedad privada.
   • Acciones posibles: Bloquear reformas legislativas necesarias o promover campañas que cuestionen la viabilidad del modelo.

4. Especuladores del suelo:

   • Motivación: La aplicación de leyes que prioricen el uso social del suelo afectaría a quienes se benefician de mantener terrenos vacíos o encarecer propiedades.
   • Acciones posibles: Adquirir grandes extensiones de terreno y mantenerlas improductivas para limitar la disponibilidad de suelo público.

5. Medios de comunicación aliados a grandes empresas:

   • Motivación: Algunos medios podrían amplificar críticas al modelo debido a vínculos con intereses empresariales afectados.
   • Acciones posibles: Generar narrativas que destaquen problemas aislados del modelo como fallos sistémicos.

6. Propietarios de grandes terrenos agrícolas o rústicos:

   • Motivación: Podrían temer que se les expropien tierras para el desarrollo de vivienda social.
   • Acciones posibles: Impulsar litigios masivos o establecer alianzas con grupos políticos para obstaculizar leyes de expropiación.

Cómo superar estas barreras

1. Transparencia: Divulgar los resultados positivos del modelo en términos sociales y económicos, destacando su impacto en la reducción de desigualdades y la generación de empleo.
2. Legislación adecuada: Diseñar un marco jurídico sólido que proteja el modelo frente a intereses especulativos y facilite su implementación.
3. Apoyo popular: Movilizar a la ciudadanía mediante campañas de sensibilización que promuevan la participación activa en defensa de iniciativas comunitarias.