Partido Popular se llena la boca con la Constitución mientras obstaculiza renovación del Poder Judicial

 Este martes pasado, 6 de diciembre, volvimos a presenciar a políticos de todos los colores llenándose la boca con la Constitución que tanto desprecian en su día a día. Resultó especialmente desagradable la hipocresía de los representantes del Partido Popular, que celebraron con esplendor el Día de la Constitución mientras obstaculizaban la renovación del Poder Judicial con la ayuda de jueces que han sido bautizados como "okupas". Los populares no solo llevaban cuatro años impidiendo el relevo del CGPJ en contra de la legalidad, sino que ahora también obstaculizaban, con la complicidad de magistrados conservadores, el reemplazo en la cúpula del Tribunal Constitucional, que se había convertido en uno de los menos constitucionales de todos los tribunales. La preocupación del tribunal Europeo por el incumplimiento de la constitución se había intensificado en los últimos tiempos debido a la actitud obstruccionista del Partido Popular.

La derecha española se ha autodenominado a sí misma como "constitucionalista" durante toda esta legislatura, pero ha estado actuando fuera de la legalidad y perpetrando un golpe técnico a la soberanía popular. Esto es grave, ya que Feijóo rompió el acuerdo de renovación del órgano de los jueces bajo la presión de los medios conservadores, dejando claro que la derecha es controlada por la prensa y las empresas, en lugar de por sus representantes elegidos en las urnas.

Este comportamiento de la derecha española es particularmente preocupante, ya que pone en cuestión la legalidad de sus acciones y socava la voluntad del pueblo español. Además, la insistencia en llamar "golpista" al Gobierno actual es una forma de desviar la atención de sus propias acciones ilegales y tratar de culpar a otros de sus propios errores.

Es importante recordar que la soberanía popular es un principio fundamental en cualquier democracia, y es la base del poder del pueblo para elegir a sus representantes y tomar decisiones importantes para el país. Cuando un grupo político como la derecha española actúa en contra de este principio, pone en peligro la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema democrático.

El Partido Popular ha demostrado una constante voluntad de hacer desde los tribunales lo que no puede hacer en la tribuna del Congreso. Esto se ha manifestado en su intento de tumbar la acción de gobierno a través de la declaración de inconstitucionalidad de leyes y medidas aprobadas por el legislativo.

Entre estas leyes y medidas se encuentran la reforma laboral, el ingreso mínimo vital y las leyes del aborto y la eutanasia, que están siendo objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional. Este último organismo, controlado ilegalmente por la mayoría conservadora, ha servido como herramienta para intentar frustrar la acción de gobierno.

Pero no solo se trata de un intento de desacreditar la acción de gobierno, sino también de librarse de la acción de la Justicia en relación a los casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Popular. Esta maniobra es un claro ejemplo de la utilización de los tribunales como instrumentos políticos en lugar de como garantes de la justicia.

El líder de la oposición, como marioneta de la prensa y el capital, ha sido uno de los principales impulsores de esta estrategia. Además, la presencia de jueces marionetas de la derecha en el sistema judicial ha permitido el avance de estas prácticas antidemocráticas.

La democracia en nuestro país se encuentra en peligro si se sigue permitiendo que se utilicen los tribunales como herramientas políticas en lugar de como garantes de la justicia. Es necesario tomar medidas para evitar que esto continúe ocurriendo y garantizar el respeto a la ley y la justicia en nuestro país.

La derecha española ha demostrado una vez más su verdadera naturaleza golpista con sus últimas acciones en el poder. Subvirtiendo el orden constitucional, destruyendo la separación de poderes y boicoteando el poder legislativo, la derecha demuestra su desprecio por las instituciones democráticas y su afán de mantenerse en el poder a cualquier costo.

El origen golpista de la derecha española es un hecho que ha sido confirmado a lo largo de la historia. Desde su origen en el franquismo hasta hoy en día, la derecha ha demostrado su negativa a aceptar que el poder no le pertenece por derecho divino o natural. En lugar de ganar las elecciones de manera legítima, la derecha ha optado por intentar tomar el poder mediante golpes de estado y maniobras políticas poco éticas.

Pero detrás de estas maniobras también se esconde un miedo histérico por parte de la derecha. La derecha mediática y económica teme volver a perder las elecciones, ya que su líder, Feijóo, no es el líder carismático que esperaban para derrotar a Sánchez. En lugar de enfrentarse a la realidad y aceptar que su posición en el poder es frágil, la derecha ha optado por intentar subvertir el sistema democrático para mantenerse en el poder.

Es necesario que la sociedad española tome nota de estas maniobras y se una en la lucha contra el autoritarismo y el golpismo de la derecha. La democracia y la separación de poderes son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad justa y equitativa, y no debemos permitir que la derecha las subvierta en su afán de mantenerse en el poder.

El conservadurismo español está en un momento delicado. Después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el Partido Popular se ha visto debilitado y ha perdido el liderazgo de la derecha en el país. Muchos conservadores españoles prefieren a Ayuso, líder del PP en la Comunidad de Madrid, al frente del partido, pero como no pueden cambiar de líder por segunda vez en una legislatura, han decidido atacar al Gobierno por medios antidemocráticos.

Estos conservadores están intentando manipular la opinión pública y la justicia para derribar al Ejecutivo y al Legislativo. Cuentan con el apoyo, aunque debilitado, de la ultraderecha de Vox, un partido que se opone al espíritu de la Constitución española y a los consensos mayoritarios. Vox actúa como un ariete desestabilizando la actividad parlamentaria con sus provocaciones y practicando la lawfare, es decir, utilizando la ley como arma política.

Estos grupos conservadores son la falange del puño con el que la derecha española quiere tomar el poder. Su objetivo es restaurar un modelo político y social que se basa en la desigualdad y la exclusión, en lugar del diálogo y la concordia. Pero la sociedad española ha cambiado y estas estrategias antidemocráticas no tienen futuro. La gente quiere un país más justo y solidario, y no permitirá que un grupo de reaccionarios imponga su voluntad.

El Gobierno de la coalición y sus socios de investidura están recibiendo el apoyo de los votantes gracias a sus medidas sociales y económicas que han mejorado la situación laboral y económica de muchas personas. La subida del salario mínimo y la reducción del paro, temporalidad y la inflación han sido bien recibidas por la ciudadanía.

Este Día de la Constitución es un momento oportuno para recordar a los miembros del Consejo de Ministros y a sus aliados en el Parlamento que deben cumplir con los principios constitucionales. Aunque aún queda mucho por hacer en materia de garantizar una vivienda y trabajo dignos, libertad de expresión y igualdad para todos los españoles, y la intervención del sector privado en defensa del interés general, cada paso en esa dirección acerca a la coalición y sus socios a la revalidación de su victoria electoral.

Es importante que el Gobierno siga trabajando en estas áreas para mantener el apoyo de los votantes y seguir mejorando la situación económica y social del país. La ciudadanía espera que se cumplan los principios constitucionales y se tomen medidas efectivas para garantizar una sociedad más justa e igualitaria.

En general, el incumplimiento de la constitución puede tener consecuencias negativas para la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema político y judicial de un país. Puede provocar conflictos y tensiones entre diferentes grupos y poderes del Estado, y puede erosionar la confianza de la población en las instituciones y en la democracia en general. En el caso de que el incumplimiento de la constitución sea muy grave y persistente, puede llevar incluso a situaciones de crisis política y social.

En caso de incumplimiento de la constitución, pueden tomarse diferentes medidas, dependiendo de la gravedad y persistencia del incumplimiento. Algunas posibles medidas podrían ser:

• · La denuncia y el juzgamiento de las personas o instituciones responsables del incumplimiento de la constitución.
• · La intervención de otros poderes del Estado, como el poder judicial, para garantizar el cumplimiento de la constitución.
• · La convocatoria de elecciones anticipadas para renovar las instituciones políticas responsables del incumplimiento de la constitución.
• · La intervención de organismos internacionales, como la Unión Europea o la ONU, para mediar en la situación y ayudar a resolver el conflicto.

Todas estas medidas deben tomarse con prudencia y de acuerdo con la ley, para evitar que el incumplimiento de la constitución se agrave aún más y para preservar la estabilidad y la paz social.