Una jueza declara ilegales las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler en España, abriendo la posibilidad de cambios para miles de inquilinos afectados.

Por primera vez en España, una jueza ha declarado ilegales las cláusulas que causan desequilibrios entre propietarios y inquilinos en los contratos de alquiler. En particular, la decisión considera ilegales y engañosas 9 de las 10 cláusulas denunciadas como vulneradoras de derechos.

Según ha informado el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda en un comunicado, este es un "precedente inédito en España" debido a que es el primer juicio en contra de la inclusión de términos desfavorables en los contratos de arrendamiento y, por lo tanto, "abre las puertas a cambiar el futuro de miles de personas afectadas por estas cláusulas en sus contratos de alquiler".

La demanda fue presentada en 2020 por Sílvia Torres, una residente de Granollers que trabajaba con el Sindicat de Llogateres en el contexto de una campaña de cientos de inquilinos de Azora que luchaban contra aumentos excesivos de alquiler. Según el comunicado, después de que estos inquilinos lograron renovar sus contratos sin aumentos gracias a la aprobación de la regulación de precios en Cataluña, Sílvia Torres, junto con el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda, presentaron una denuncia por cláusulas abusivas que le imponían un aumento del 30% en su renta, pasando de los 690 euros que pagaba mensualmente en el momento de firmar el contrato en enero de 2020 a casi 1,100 euros a partir del tercer año.

La sentencia también ha señalado como abusivas otras disposiciones en la cláusula, entre ellas, aquella que permitía retener el depósito de garantía, la que imponía una multa por retraso en la entrega del inmueble (triple del alquiler diario por cada día de retraso) y la que renunciaba a cualquier derecho en caso de interrupción de servicios no causada por el arrendador.

También ha eliminado la disposición que establecía el derecho del dueño a realizar inspecciones regulares para evaluar el estado de la propiedad, la que señalaba la terminación por incumplimientos no fundamentales, la que imponía costos por infracción y la que afirmaba que todas las condiciones del acuerdo habían sido negociadas de manera individual.

Es la primera vez que el Sindicat de Llogateres, junto con el Colectivo Ronda, ha presentado acusaciones contra el tercer fondo buitre más grande de España, Azora, compañía principal de las empresas Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties, que poseen una cantidad total de 13.000 viviendas en toda España y administran 20.000.

La decisión, que puede ser apelada ante la Audiencia de Barcelona, da la razón a la demandante y obliga al fondo a cubrir los gastos del proceso.