Un mes después de la DANA: corrupción, negocios y reconstrucción sobre barro y tragedias

Han pasado ya más de 30 días desde que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) devastó varias regiones de España, dejando a su paso un saldo trágico de 222 muertos, miles de familias afectadas y una destrucción que aún persiste en forma de barro, escombros y desesperación. Mientras las víctimas continúan luchando por reconstruir sus vidas, parece que otros han encontrado en la tragedia una oportunidad para seguir llenando sus bolsillos. Con Carlos Mazón como protagonista en la Comunidad Valenciana, la gestión de los fondos de reconstrucción no solo ha sido polémica, sino que ha beneficiado a una red de empresas y personajes marcados por casos de corrupción.

Esta es la crónica de cómo, en la sombra del desastre, algunos han convertido la tragedia en negocio.

La Valencia de Mazón: entre la especulación y los favoritismos

La política valenciana bajo el liderazgo de Carlos Mazón ha tomado un giro que recuerda al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: militarización del discurso, especulación urbanística y un reparto de fondos públicos cuestionado. En este escenario, los fondos de reconstrucción asignados tras la DANA se han convertido en un botín repartido entre empresarios con oscuros historiales, muchos de ellos vinculados al Partido Popular (PP) y a casos de corrupción que marcaron la era de Rita Barberá y Carlos Fabra.

Estos son los nombres detrás de los contratos millonarios otorgados a dedo:

1. Ricardo Martínez Valls (Agricultores de la Vega)

Presidente de Agricultores de la Vega y conocido por haber donado 450.000 euros a la campaña de Rita Barberá en 2007, mientras su empresa recibía 400 millones por la recogida de basuras. Mazón le ha otorgado directamente 10 millones de euros de los fondos de reconstrucción, una cifra que ha despertado indignación entre las víctimas.

2. Enrique Gimeno (FACSA)

El empresario de Castellón, propietario de FACSA, fue condenado a 21 meses de prisión por falsificar facturas y financiar ilegalmente al PP, además de manipular la contabilidad de su empresa para beneficiar a Carlos Fabra. Pese a este historial, ya ha recibido 1,5 millones de euros.

3. Rafael Martínez Berna (CHM)

Este empresario, implicado en la trama Gürtel y sancionado por la CNMV por pactar precios, quebró la patronal alicantina. CHM, su empresa, ha obtenido por vía de urgencia 2,8 millones de euros.

4. FCC (propiedad de Carlos Slim)

FCC, una de las empresas más grandes del sector, fue acusada de financiar ilegalmente al PP estatal a través de Bárcenas y de aportar 200.000 euros a la campaña de Rita Barberá en 2007. Ahora, en plena reconstrucción, ya ha recibido 7,5 millones de euros en contratos.

5. Becsa (familia Batalla)

Vinculada a delitos electorales, falsificación de documentos y pagos ilícitos a Carlos Fabra y Rita Barberá, esta empresa controlada por la familia Batalla ha recibido 6,2 millones de euros en contratos.

6. Pavasal (familia Quesada)

La familia Quesada, ubicada entre los 220 más ricos de España y señalada en el caso Taula, financió a través de empresas pantalla la campaña de Barberá con 240.000 euros. Pavasal, su empresa, recibió recientemente 6 millones de euros a dedo.

7. Ocide (familia Alfaro)

Implicada en el caso Azud, esta empresa habría pagado más de 200.000 euros al cuñado de Barberá, José María Corbín, a cambio de contratos públicos. Ahora, ha recibido 15 millones de euros provenientes de los fondos de reconstrucción.

Militares y altos sueldos: otra cara de la polémica

En paralelo al reparto de contratos, la política de Mazón ha beneficiado a los altos mandos militares y a sus sueldos. Generales han recibido incrementos salariales de casi un 50%, superando los 92.000 euros anuales. Además, vicepresidentes y secretarios autonómicos ven sus salarios aumentar notablemente bajo el nuevo decreto, a pesar de la situación económica que afecta a muchas familias valencianas.

El regreso de la especulación urbanística

Lejos de aprender lecciones tras la tragedia, el modelo urbanístico valenciano vuelve a apostar por la especulación. Los ayuntamientos han perdido la capacidad de oponerse a la instalación de macroplantas energéticas en sus territorios, mientras que nuevos decretos permiten la construcción de hoteles a solo 200 metros del mar, desafiando las advertencias sobre el impacto medioambiental.

Un panorama desolador para las víctimas

Mientras estos contratos millonarios benefician a empresarios con oscuros pasados, las víctimas de la DANA siguen esperando ayudas reales que les permitan reconstruir sus hogares. Este reparto de fondos no solo refleja la falta de sensibilidad hacia quienes lo han perdido todo, sino que pone en evidencia cómo la política sigue siendo un juego de intereses, incluso en los momentos más trágicos.

La reconstrucción, lejos de ser un proceso equitativo, se ha convertido en una carrera por obtener beneficios. En este contexto, queda claro que la prioridad no está en los ciudadanos afectados, sino en los bolsillos de quienes saben moverse entre los hilos del poder.