El panorama mediático en España: Un reflejo inquietante para la democracia, según el Informe Liberties 2025

El panorama mediático en España: Un reflejo inquietante para la democracia, según el Informe Liberties 2025

El recién publicado Informe sobre Libertad de Medios 2025 de Civil Liberties Union for Europe (Liberties) arroja luz sobre la compleja situación de la libertad de prensa y el pluralismo en la Unión Europea. En el caso específico de España, el informe desvela un panorama con desafíos significativos que impactan directamente en la calidad democrática y las libertades fundamentales.

El informe destaca que el paisaje mediático español se caracteriza por una alta concentración de la propiedad en manos de unos pocos conglomerados, lo cual afecta negativamente a la pluralidad informativa y a la independencia editorial. A pesar de una aparente diversidad de medios, el control recae en un número limitado de actores económicos que dominan la prensa escrita tradicional, las plataformas digitales, la televisión y la radio. Esta situación persiste a pesar de las normativas existentes para prevenir la concentración excesiva, ya que su aplicación ha sido inconsistente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha intervenido en contados casos de fusiones o adquisiciones, pero estas decisiones a menudo carecen de escrutinio público.

Otro punto crítico señalado es la adjudicación de licencias audiovisuales, percibida en ocasiones como un mecanismo de recompensa o castigo político. El informe subraya la necesidad de que estos procedimientos se basen en criterios claros y objetivos, garantizando una mayor pluralidad de actores, supervisión pública y rendición de cuentas por parte de los organismos reguladores.

En cuanto a la financiación y publicidad estatal, el informe critica la falta de transparencia en la asignación de los presupuestos de publicidad institucional en España, a pesar de la existencia de regulaciones al respecto. En la práctica, la distribución está influenciada por la política, y los contratos y montos rara vez son sometidos al escrutinio público, alimentando la percepción de favoritismo. Aunque a enero de 2025 se anunciaron planes para reformar la ley de publicidad institucional buscando mayor transparencia, proporcionalidad y no discriminación, estas medidas aún se encuentran en fase de planificación.

La independencia de los medios de servicio público, en particular Radiotelevisión Española (RTVE), sigue siendo objeto de debate en España. A pesar de algunas reformas implementadas para asegurar su independencia, como cambios en el proceso de elección del consejo de administración, persisten las preocupaciones sobre la influencia de los partidos políticos en su gestión. El informe menciona un patrón histórico donde la oposición demanda la independencia de los medios públicos para luego utilizarlos de manera partidista al llegar al poder.

La seguridad y protección de los periodistas también es un área de preocupación. El informe señala que las fuerzas de seguridad en España carecen de formación específica y recursos suficientes para hacer frente a las amenazas contra los periodistas. Además, las operaciones policiales bajo la protección de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como "Ley Mordaza") a menudo obstaculizan el trabajo periodístico, limitando la libertad de información y expresión. Fermín Grodira, colaborador de Público, resultó herido durante una carga policial en Valencia mientras cubría protestas, a pesar de estar identificado como prensa.

La libertad de expresión y acceso a la información se ve limitada en España por la persistencia de la "Ley Mordaza", que restringe significativamente el trabajo periodístico. El acceso a la información pública se ve dificultado por las limitaciones de la ley de transparencia, la inadecuada transposición del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y normativas obsoletas como la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La reforma de estas leyes es considerada esencial.

En cuanto a la lucha contra la desinformación, si bien la Ley de Servicios Digitales introdujo obligaciones de transparencia para las plataformas digitales, el informe sugiere que estas regulaciones se centran en los intermediarios, dejando fuera a algunos de los grandes productores de desinformación. Expertos en España abogan por extender la rendición de cuentas a quienes financian o se benefician de la desinformación, incluyendo partidos políticos, instituciones y corporaciones.

El informe Liberties 2025 subraya que, si bien existen marcos legales y esfuerzos en España para garantizar la libertad de medios, persisten desafíos significativos en la concentración de la propiedad, la transparencia en la financiación pública, la independencia de los medios de servicio público, la protección de los periodistas y el acceso a la información. Estas cuestiones, de no abordarse de manera efectiva, pueden socavar la pluralidad informativa, limitar el debate público y, en última instancia, debilitar la democracia y las libertades en España.

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Basado en el Media Freedom Report 2025 de Civil Liberties Union for Europe.