Cuando la electricidad se convierte en rehén del interés privado

España ha cerrado 2024 como el sexto mercado solar más importante del mundo, con más de 46 GW de potencia fotovoltaica instalada, pero la noticia no es tan brillante como parece. Detrás de esta cifra se esconde una paradoja preocupante: aunque la capacidad solar sigue creciendo, las inversiones se frenan, las instalaciones no se conectan, y el sistema no avanza al ritmo que necesita la ciudadanía ni el planeta.

¿La razón? Una vez más, los intereses privados se imponen sobre el bien común en un sector tan esencial como la electricidad. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? 

Mucho sol, poca red… y menos visión pública

Según el último informe Global Market Outlook 2025-2029 de SolarPower Europe, España instaló 8,7 GW de nueva capacidad solar en 2024, pero eso representa un 10% menos que el año anterior. El motivo no es falta de tecnología ni de inversores dispuestos: es la falta de red, la lentitud en las ayudas públicas y una estructura pensada para proteger los márgenes de los grandes actores energéticos.

El autoconsumo residencial cayó por la bajada de precios y el retraso en las subvenciones. El autoconsumo industrial aguantó algo mejor. Y las grandes plantas solares siguieron adelante gracias a los contratos a largo plazo (PPAs), pero toparon con cuellos de botella en la red y precios tan bajos que empiezan a asfixiar a los pequeños productores.

En otras palabras, tenemos energía limpia de sobra… pero no un sistema que sepa integrarla con justicia.

Un sistema eléctrico secuestrado

¿Quién decide qué energía entra en la red? ¿Quién prioriza qué proyectos se conectan y cuáles esperan indefinidamente? La respuesta es clara: quienes gestionan una infraestructura que, aunque es de interés estratégico, opera bajo lógicas de rentabilidad privada.

El resultado es un modelo que castiga a los más pequeños, a las comunidades energéticas, a los ciudadanos que quieren producir su propia energía y aportar al sistema. Mientras tanto, los grandes grupos eléctricos manejan el flujo, ajustan los precios y, en muchos casos, dejan fuera de juego a quienes no entran en sus planes de negocio.

Y esto, se mire por donde se mire, es incompatible con una transición energética justa.

La transición energética no puede depender del mercado

El informe de Solarpower es claro: España necesita con urgencia reforzar su infraestructura eléctrica, agilizar permisos, apostar por el almacenamiento y flexibilizar el sistema. Pero también deja entrever algo más profundo: no bastan los avances tecnológicos ni los fondos europeos si seguimos supeditando la energía al beneficio privado.

En un país con tanto sol como el nuestro, la energía debería ser un derecho básico, no un bien especulativo. Necesitamos una planificación pública real, a largo plazo, que democratice la energía, la haga accesible y que ponga a las personas en el centro, no a los márgenes de beneficio.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que las grandes decisiones energéticas se tomen pensando en balances financieros y no en el futuro colectivo? La electricidad no es un lujo. Es la base de la vida moderna, la herramienta clave frente al cambio climático, y un bien común que debe ser tratado como tal.

En LibreFM seguiremos insistiendo: la transición energética no puede quedarse en manos de unos pocos. El sol es de todos. La red también debería serlo.